Sobre la "familia migrante"

Jorge A. Bustamante Fernández

México, DF, Periódico Reforma, 28 de octubre 2009

Asistí el miércoles pasado a una reunión sobre "la familia del migrante" que fue presidida por la licenciada Margarita Zavala, esposa del presidente Calderón y, como tal, presidenta del DIF (Sistema para el desarrollo integral de la familia). Después de escuchar, tanto a la licenciada Zavala como a la titular del Instituto Nacional de Migración (INM), licenciada Cecilia Romero Castillo, me di cuenta de un problema de fondo en la comunicación que tenemos como ciudadanos con los representantes del gobierno de México. No es que falten a la verdad cuando nos hablan de lo que el gobierno está haciendo en las áreas respectivas de sus competencias, sino que nos dejan de hablar de la dimensión completa de la realidad de los problemas, sobre los cuales, lo que el gobierno hace a través de sus servidores públicos se refiere sólo a una parte, con frecuencia mínima, de esa realidad. O sea que, no nos dejan saber lo muy poco que están haciendo para resolver la dimensión completa de esa realidad, ni nos dejan saber cuáles son los problemas más graves de esa realidad, ni de las consecuencias de dejar de atenderlos. Por ejemplo, la licenciada Zavala, como titular de la principal dependencia gubernamental encargada de los problemas de la niñez, nos habló de sus muy legítimas preocupaciones por la vulnerabilidad de los niños migrantes, pero no nos dejó saber la proporcionalidad de lo que el DIF está haciendo para combatir esa vulnerabilidad, respecto de lo que no se está haciendo para combatir el trabajo infantil que involucra a los niños migrantes y a más de un cuarto de millón de niños y niñas en el país en violación de nuestras propias leyes laborales y de los tratados internacionales que obligan al gobierno de México a combatirlo. No sabemos qué se ha hecho para combatir castigando la venta de niños y niñas, sobre todo en el sureste de México. Sólo el día anterior al discurso de la licenciada Zavala en el evento mencionado, apareció en el diario Milenio una nota editorial de Héctor Aguilar Camín sobre un burdel en Coatzacoalcos, Veracruz, en donde eran obligadas a prostituirse más de 40 niñas centroamericanas. Uno se pregunta si el problema de tráfico de menores migrantes es algo sobre lo cual debió haber versado centralmente el discurso de la licenciada Zavala en un evento sobre la familia migrante. Lo mismo podría decirse respecto del discurso de la licenciada Romero Castillo, que propuso a México como "la plataforma para la migración". En tal propuesta no apareció, ni por asomo, un nivel de conciencia de lo omiso que es el gobierno de México en el combate a la impunidad de las graves y persistentes violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, como es el secuestro de migrantes de parte de policías federales, estatales y municipales a lo que se refirió la denuncia que presentó ante el Senado de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace menos de un mes, como algo que está en crecimiento, principalmente por la omisión del gobierno de México en hacer algo efectivo al respecto.
Ante tales evidencias, uno se pregunta cuál es el nivel de responsabilidad que siente la funcionaria de más alto nivel en la práctica de la política de migración del gobierno mexicano, respecto de la omisión de hacer algo efectivo contra la impunidad que impera en el país respecto de las graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. En mi intervención en ese evento sobre la familia migrante, hice referencia a los hallazgos de un estudio de carácter científico sobre las redadas policiales domiciliarias que se realizan en Estados Unidos -al que ya me referí en este espacio en mi colaboración publicada el 5 de agosto pasado- cuyos efectos disruptivos para las familias de los migrantes han hecho de esas redadas el principal agravio que le han presentado los líderes de las organizaciones de "latinos" al presidente Obama. Dadas las evidencias que se ofrecen en la publicación de ese informe realizado por investigadores del Instituto Cardozo de Nueva York y dado su prestigio como una escuela de derecho, yo hice la crítica al gobierno de México respecto del silencio que ha guardado sobre tales evidencias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos. En particular a las familias de esos migrantes.